Los objetivos, funciones y fundamento jurídico de la Dirección General de Legalidad e Integridad Pública son los siguientes:

La Dirección General de Legalidad e Integridad Pública de la Contraloría General del Estado se encarga de impulsar la conducta integra, transparente y apegada a la legalidad por parte de los servidores públicos, sancionando los incumplimientos y/o acciones que lo infrinjan, mediante el trabajo en conjunto para promover el apego y cumplimiento de la legalidad.

Funciones principales de la Dirección General de Legalidad e Integridad Pública de la Contraloría General del Estado.

· Prevenir, y en el ámbito de su competencia, sancionar las faltas administrativas y hechos de corrupción.

· Promover el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos.

· Contestar y dar seguimiento a las demandas que se formulen en contra de la Contraloría ante los tribunales judiciales o administrativos, estatales o federales.

· Asesorar jurídicamente a las diferentes áreas de la Contraloría, así como a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, en el ámbito de su competencia.

· Coordinar la revisión de los procedimientos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y enajenaciones de bienes, verificando la legalidad y transparencia de tales actuaciones.

· Supervisar que la atención de inconformidades, conciliaciones y sanciones a licitantes, proveedores y contratistas, se ajusten a criterios y estándares de actuación.

· Implementar en el ámbito de su competencia, las políticas de coordinación que promuevan el Comité Coordinador del Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupción, en materia de combate a la corrupción en la Administración Pública Estatal.

· Ejercer las atribuciones de autoridad substanciadora y resolutora, en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.

· Presentar a través de las unidades administrativas a su cargo, denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

· Resolver el recurso de revocación que interpongan los Servidores Públicos respecto de las resoluciones por las que se les impongan sanciones administrativas, y dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales, en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.

· Proponer los proyectos de políticas, estrategias, lineamientos, guías, manuales y demás instrumentos de carácter general en materia de ética, integridad pública y prevención de conflictos de intereses de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, incluyendo las propuestas de actualización que correspondan al Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado y a las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública.

· Coordinar el registro y recepción las declaraciones patrimoniales, la constancia de presentación de declaración fiscal y la declaración de intereses que deban presentar los servidores públicos, así como supervisar la verificación de su contenido mediante las auditorías e investigaciones que resulten pertinentes de acuerdo con las disposiciones aplicables.

· Establecer medidas y acciones específicas que aseguren el adecuado tratamiento y resguardo de la información patrimonial de los servidores públicos, su cónyuge y dependientes económicos.

· Realizar las acciones necesarias para contribuir al funcionamiento del Sistema de Información y Comunicación del Sistema Estatal Anticorrupción y del Sistema Estatal de Fiscalización, en términos de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.