FUNCIONARIOS ESTATALES SE CAPACITAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS ANTICORRUPCIÓN

24 de mayo de 2024

General

Más de 90 integrantes de los Órganos Internos de Control de las dependencias y entidades de la Administración Pública son capacitados para la ejecución del Programa Estatal Anticorrupción

Para dotar de las competencias necesarias a las servidoras y servidores públicos que integran los Órganos Internos de Control (OIC) coordinados por la Contraloría General del Estado (CGE), y con la finalidad de asegurar una eficiente aplicación del Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción (PI PEA), los funcionarios estatales fueron capacitados por personal de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de San Luis Potosí (SEA).

 

Este programa es el resultado de la colaboración interinstitucional de la Administración Pública Estatal y la sociedad civil, para diseñar e implementar políticas y acciones efectivas contra la corrupción, por lo que la colaboración de los entes fiscalizadores adscritos a las instituciones gubernamentales es vital para nutrir de información al sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación del programa.

 

Durante la capacitación se abordaron específicamente las matrices de prioridades correspondientes a la Contraloría General y cada uno de los Órganos Internos de Control, entre las que destacan los mecanismos para abatir las condiciones de desigualdad estructural mediante el desarrollo de estrategias integrales para orientar a la ciudadanía, la promoción sobre el derecho a la denuncia, el desarrollo de un índice de avance en la consolidación de la evaluación de los procesos institucionales, trámites y servicios públicos, así como el impulso de un efectivo sistema de auditoría, contraloría y fiscalización.

 

Esta capacitación permite dotar de los conocimientos necesarios a las y los funcionarios encargados de contribuir con el sistema de información que transparenta proactivamente los procesos gubernamentales, implementando y fortaleciendo los mecanismos de evaluación de las entidades y dependencias de la administración pública, para mejorar la gestión de riesgos de corrupción, el fomento a la priorización del interés público y la participación ciudadana, con la finalidad de fortalecer de manera transversal el diseño y aplicación de políticas públicas anticorrupción.